La American Civil Liberties Union (ACLU) presentó una demanda federal contra la administración de Donald Trump, acusando a agentes migratorios de realizar perfil racial y detenciones ilegales durante un aumento de operativos del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minnesota.
Acusaciones de violaciones constitucionales
Según la ACLU, las redadas del ICE y de la Department of Homeland Security (DHS) han vulnerado los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses. La organización sostiene que comunidades somalíes y latinas han sido desproporcionadamente señaladas, sin importar ciudadanía ni estatus migratorio.
La demanda, de 72 páginas, fue presentada en nombre de tres ciudadanos estadounidenses y nombra como demandados al DHS, a su secretaria Kristi Noem, y a varios agentes de Customs and Border Protection (CBP). El documento describe un “patrón alarmante de abusos” que, según la ACLU, está alterando la vida cívica en las Ciudades Gemelas y en todo el estado.
Operativos con agentes enmascarados y detenciones sin orden
El escrito legal afirma que miles de agentes federales enmascarados han detenido a personas basándose únicamente en su raza o etnia percibida, sin órdenes judiciales ni causa probable. La ACLU denuncia que estas prácticas han afectado tanto a no ciudadanos con estatus legal como a ciudadanos estadounidenses, quienes habrían sido esposados, escaneados facialmente e ignorados incluso cuando mostraban documentación de ciudadanía.
Casos específicos citados en la demanda
Detención de Mubashir Khalif Hussen
Uno de los demandantes, Mubashir Khalif Hussen, de 20 años, afirma que fue detenido por agentes del ICE en diciembre pasado mientras caminaba hacia el almuerzo en el barrio Cedar-Riverside de Minneapolis.
A pesar de repetir que era ciudadano estadounidense, los agentes rehusaron verificar su identificación, lo inmovilizaron y lo trasladaron al edificio federal Whipple, donde fue esposado, fichado, y —según la demanda— privado de agua y atención médica antes de ser liberado.
Días después, mientras grababa una protesta desde una acera pública, un vehículo con agentes federales pasó junto a él y uno de los agentes le roció gas pimienta directamente en el rostro, según el documento.
Incidente con Mahamed Eydarus
Otro demandante, Mahamed Eydarus, de 25 años, fue abordado junto a su madre mientras retiraban nieve de su estacionamiento. Agentes en ropa civil y enmascarados les exigieron identificación para verificar que Eydarus “no fuera ilegal”.
La demanda sostiene que los agentes ordenaron a su madre retirarse el niqab, los separaron, cuestionaron por qué hablaban somalí, y se retiraron sin presentar orden ni explicación.
Reacciones legales y políticas
La abogada de ACLU Minnesota, Catherine Ahlin-Halverson, calificó las prácticas del ICE y CBP como ilegales y moralmente inaceptables, afirmando que han sembrado miedo en barrios inmigrantes y violado derechos fundamentales.
Desde el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Kate Huddleston agregó que detener personas por el color de su piel o sin causa probable contradice los principios básicos de libertad e igualdad del sistema legal estadounidense.
Respuesta del gobierno y controversia creciente
La administración Trump ha defendido los operativos, asegurando que apuntan a personas que viven ilegalmente en EE. UU., en especial con antecedentes penales, y que buscan combatir fraude generalizado.
Sin embargo, la polémica se intensificó tras la muerte de Renee Good, una madre de 37 años, durante un operativo federal, hecho que provocó protestas masivas en Minnesota y otros estados.
Mientras el DHS sostiene que sus agentes actuaron legalmente y en defensa propia, el gobernador Tim Walz y autoridades locales calificaron el despliegue como una “invasión federal” inconstitucional y una campaña de represalias que ha aterrorizado comunidades y vulnerado derechos.
Conclusión
La demanda de la ACLU contra la administración Trump expone acusaciones graves sobre perfil racial, arrestos sin orden y uso excesivo de la fuerza durante operativos migratorios en Minnesota. Mientras el gobierno defiende sus acciones como medidas de seguridad, líderes estatales y defensores de derechos civiles advierten que estas prácticas socavan libertades básicas y dañan la confianza pública, dejando al sistema judicial la tarea de determinar responsabilidades y límites legales.