Bill y Hillary Clinton informaron que no cumplirán con la citación del Congreso que exige su testimonio sobre sus vínculos con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein. Al mismo tiempo, lanzaron duras críticas contra los republicanos y el presidente Donald Trump.
El comité de supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, citó en agosto al expresidente Bill Clinton y a la ex primera dama Hillary Clinton, tras anunciar una revisión del manejo gubernamental del caso Epstein. El financiero, condenado por delitos sexuales, murió en 2019 mientras esperaba juicio; su fallecimiento fue clasificado oficialmente como suicidio.
Los argumentos legales de los Clinton contra la citación
En una carta enviada el lunes al presidente del comité, James Comer, los abogados de los Clinton calificaron las citaciones como “inválidas y legalmente inexigibles”. Afirmaron que carecen de un propósito legislativo legítimo, no solicitan información pertinente y constituyen una violación sin precedentes de la separación de poderes.
Según la misiva, la exigencia de testimonio excede los límites constitucionales de la facultad investigadora del Congreso definidos por la Corte Suprema. Además, sostuvieron que cualquier intento de aplicación busca avergonzar a rivales políticos, siguiendo directrices del actual presidente.
Posible desacato y respuesta del comité
La citación ordenaba a Bill Clinton presentarse el martes y a Hillary Clinton el miércoles. Tras la incomparecencia del expresidente, Comer declaró en el Capitolio que impulsará una votación por desacato la próxima semana.
Comer subrayó que la citación fue aprobada de manera bipartidista, y aseguró que no existe acusación de delito contra Bill Clinton. “Tenemos preguntas”, dijo, explicando que demócratas y republicanos apoyaron conjuntamente la citación.
Antecedentes y postura demócrata
Se sabe que Bill Clinton mantuvo una relación cordial con Epstein a finales de los años noventa y principios de los dos mil, antes de que el financiero se declarara culpable en 2008 por cargos estatales en Florida. El expresidente ha negado conocer los delitos y las víctimas no lo han acusado.
Una portavoz demócrata del comité afirmó que cooperar con el Congreso es fundamental y que se debe seguir trabajando con el equipo del expresidente para obtener información relevante.
Críticas al desarrollo de la investigación
En un comunicado separado, los Clinton cuestionaron la conducción de la pesquisa por parte de Comer, señalando que se ha estancado la búsqueda de hechos. Indicaron que el comité solo entrevistó a dos personas —el exsecretario de Trabajo Alexander Acosta y el exfiscal general William Barr—, mientras rehusó interrogar a otros siete altos exfuncionarios pese a haberlos citado.
También criticaron el respaldo republicano a la agenda presidencial, incluyendo políticas migratorias de línea dura, un reciente homicidio de un ciudadano estadounidense en Minnesota a manos de un agente de inmigración y los indultos a participantes del asalto del 6 de enero.
Documentos, fotografías y avances judiciales
La polémica se reavivó cuando el Departamento de Justicia difundió un memorando declarando cerrado el caso, contradiciendo teorías conspirativas promovidas durante la campaña de 2024. Posteriormente, legisladores de ambos partidos aprobaron una ley para liberar todos los archivos gubernamentales relacionados con Epstein, superando la oposición del liderazgo republicano y del presidente.
Aunque varios documentos aparecen con tachaduras, se publicaron fotografías en las que Clinton figura en encuentros sociales con Epstein. El Departamento de Justicia continúa divulgando archivos, pese a que el plazo legal venció el 19 de diciembre. La semana pasada, legisladores solicitaron a un juez federal designar un supervisor especial para forzar la entrega completa de los documentos.
Conclusión
La negativa de Bill y Hillary Clinton a declarar intensifica el choque entre el Congreso y figuras políticas de alto perfil en torno al caso Epstein. Mientras el comité evalúa un posible desacato, persisten cuestionamientos sobre el alcance real de la investigación, la transparencia en la liberación de archivos y el uso político del proceso. El desenlace dependerá de decisiones legales y judiciales que podrían marcar un precedente sobre los límites del poder investigativo del Congreso.